Presidencia de la UE:
Los activistas Anti-globalización son Terroristas.
Jelle van Buuren 08.02.2002
El Estado Español quiere una red de coordinaciones de inteligencia
en los Estados Miembros para intercambiar información sobre los
activistas políticos.
La Unión Europea ha declarado repetidamente en los últimos
meses que a los activistas anti-globalización no se les aplicaría
la nueva legislación antiterrorista, o sea que la distinción
entre activistas políticos y terroristas no sería confundida.
Las nuevas propuestas desde el Estado Español, la actual Presidencia
de la UE, sin embargo, muestran todo lo contrario.
Según el Estado Español, los Estados Miembros de la UE
han notado 'un aumento gradual, en varias cumbres de la UE, de la violencia
organizada por grupos extremistas radicales, aterrorizando claramente
a la sociedad'. A los ojos del Estado Español, estas acciones de
los activistas contra la globalización son, sin duda, actividades
terroristas. Esto es el trabajo de una "débil red oculta detrás
de varios frentes sociales", lo que para el Estado Español
significa "organizaciones que sacan provecho de su situación
legal para ayudar e incitar a la consecución de los objetivos de
los grupos terroristas".
Según la propuesta española, "el radicalismo juvenil
urbano violento está aumentando al ser usado como apoyo por grupos
terroristas para lograr sus objetivos criminales". Por lo tanto el
Estado Español quiere introducir un formato estándar para
intercambiar información sobre estos "incidentes terroristas".
Dicha información debe intercambiarse entre los Estados Miembro
y la Europol. El Estado Español quiere usar la red BDL para el
intercambio de información. Esta red pertenece al "Bureaux
des liaisons'", la red de coordinaciones de inteligencia en los Estados
Miembro.
El objetivo del intercambio es "ayudar a prevenir situaciones tales
como las surgidas en las cumbres y otros eventos organizados por diferentes
organizaciones internacionales", así como "el procesar
el radicalismo joven urbano violento". El Grupo de Trabajo Europeo
sobre Terrorismo, en el que participan expertos en la aplicación
de la ley y agencias de inteligencia responsables de combatir el terrorismo
de cada estado Miembro, estudia la propuesta española.
Después de los ataques del 11 de Septiembre en los Estados Unidos,
la UE ha acordado una nueva legislación para combatir el terrorismo.
La Unión introdujo una definición común de terrorismo
y una orden europea de arresto. Grupos de defensa de las libertades civiles
temían que estas propuestas criminalizarían el activismo
político. Pero los ministros Europeos de Justicia han declarado
una y otra vez que las nuevas medidas sólo iban dirigidas a los
terroristas. El activismo político, incluso cuando se vuelve violento
en las manifestaciones, no caería bajo el ámbito de las
nuevas medidas.
La nueva propuesta española, sin embargo, es diferente. El activismo
político y los "frentes sociales" son enlazados directamente
con el terrorismo. La información tiene que ser intercambiada a
través de los canales de inteligencia de la UE para procesar al
activismo político. Es necesario resaltar que el Estado Español
afirma que las organizaciones políticas están "ayudando
e incitando a los grupos terroristas a conseguir sus objetivos".
'Ayudar e incitar' son hechos que son punibles bajo la nueva definición
común de terrorismo de la Unión Europea.
El Estado Español tiene una visión muy específica
de terrorismo. Durante la 1ª Conferencia Europea sobre Terrorismo
en Madrid en enero del 2001, el entonces Ministro español de Interior,
Jaime Mayor Oreja, declaró: 'Terrorismo no es sólo un grupo
de comandos que actúan, sino que es un proyecto que intenta arraigarse
en la sociedad, y en la lucha contra el terrorismo es también necesario
luchar contra las estructuras sociales, económicas, políticas
y también de comunicación que lo sustentan y alimentan.
El Estado Español está actuando en esta línea. Muchas
organizaciones, periódicos y emisoras de radio han sido prohibidas
por decreto en los últimos cuatro años, sin que ninguno
de estos casos se basara en una sentencia judicial.
En 17 Enero del 2001, la policía invadía una famosa 'okupa
legalizada' en Ámsterdam y arrestó a Juan Ramón Rodríguez
Fernández, buscado por la policía española en conexión
con investigaciones sobre la organización independentista vasca
ETA. Fernández es el cantante de KOP, una banda catalana, y es
acusado por la policía española de tener enlaces con un
comando de ETA que estuvo por Barcelona el último año. JuanRa
es buscado por pasar información de grupos neonazis como CEDADE
a ETA, aunque no se tiene noticia de que esta información haya
sido utilizada para cometer daño alguno.
Fuente (como archivo PDF):
CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA
Bruselas, 29 de enero del 2002
Grupo de Trabajo sobre Terrorsimo
Asunto: Presentación de una iniciativa presidencial para la introducción
de un formato estándar para intercambiar información sobre
incidentes terroristas.
Enlaces
Artículo-URL: http://www.telepolis.de/english/inhalt/te/11793/1.html.
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